«Se gasta mucho dinero para sostener los CIE»

¿Se puede justificar el internamiento en un CIE con un expediente de expulsión por conducir con el carnet del país de origen en vez del español? Este es uno de los flecos que analiza Internamiento «muteado», el informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros en 2023 que ha sido presentado esta semana en el Congreso de los Diputados. El texto destaca cómo ha crecido desproporcionadamente el número de internados con algún antecedente penal o policial, algo sobre lo que el jesuita Pep Buades, autor de la investigación, arroja la hipótesis de que «se quiere aumentar la percepción de legitimidad del internamiento», haciéndonos pensar que quienes están allí son una amenaza para la seguridad ciudadana. Añade que, aunque esos casos son «poquísimos», también hay muchos con un historial nimio por delitos menores que no justifican esa medida.

Claves

Existen diferentes maneras de que las personas ingresen en un Centro de Internamiento para Extranjeros:

  • Orden de expulsión. Es una sanción por una infracción administrativa como el trabajar ilegalmente o actividades contra el orden público. Suele conllevar restricciones para volver a entrar en el país.
  • Acuerdo de devolución. Se trata de una respuesta, normalmente inmediata, por parte del Estado a quien acaba de atravesar la frontera ilegalmente o quebrantando la prohibición de entrada.
  • Salida obligatoria. Es una medida que se aplica al afectado, normalmente por haber perdido la autorización de residencia, y que le permite abandonar voluntariamente el país en un plazo determinado sin que se le impongan restricciones para su reingreso.

«Estamos observando un excesivo e irresponsable uso del internamiento, pues comprobamos que en la mayoría de las ocasiones no existen fundamentos para internar a las personas en vez de decantarse por otras medidas más acordes a su situación personal y familiar», puntualiza María Morell, coordinadora del equipo del SJM de Valencia que visita los CIE. Estas alternativas podrían ser desde la presencia periódica en las comisarías hasta la retirada y custodia del pasaporte.

Además, explica que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta ni la naturaleza del delito ni cuánto tiempo hace que se cometió; tampoco lo cerca que se encuentra de la posible cancelación o la trayectoria de arraigo. De hecho, y según sostiene el texto, la mayoría de las personas internadas en los CIE con causas de expulsión visitadas por el SJM tenían perfiles de arraigo. Esto quiere decir que muchos de ellos llevaban ya años en nuestro país, habían crecido en España o incluso tenían familiares cercanos con la nacionalidad española. Son unos perfiles para los que, según Morell, es totalmente desproporcionado el internamiento en estos centros, a los que define como «espacios testigos de vulneraciones de derechos fundamentales».

Una medida que no se sostiene

Gracias al acompañamiento cercano del SJM a los internos y las recurrentes visitas a sus centros, han podido también dejar constancia en el informe de las grandes carencias de este sistema; desde la precariedad de las instalaciones hasta los «insuficientes y negligentes servicios y las constantes situaciones de violencia que se generan en estos espacios», relata Morell. Por todo esto, la investigación califica el internamiento como «un fracaso».

«Se gasta mucho dinero para sostener los CIE», sostiene Buades. Los más de 30 millones de euros en obras de reformas, el coste de alojamiento y manutención de los internos y de personal o el dinero de los servicios que se prestan en ellos, hacen que sean «una institución muy costosa y muy poco eficaz», ya que en 2023 solo un 54 % de las personas internadas fueron finalmente expulsadas o devueltas. Entonces, ¿por qué se insiste en mantener una medida donde las personas sufren innecesariamente? Buades va más allá y apunta a la necesidad de las autoridades estatales de «crear un retén de internados para mantener la calma ante una opinión pública sacudida por el miedo al migrante».

Trabajo en red en Madrid

El pasado miércoles se presentó en Madrid la Plataforma Interdiocesana de Migraciones, un «espacio de trabajo en red» integrado por las delegaciones de Migraciones de las tres diócesis de la provincia eclesiástica: Madrid, Alcalá y Getafe. A ella se sumarán «otras entidades que trabajan para la acogida, protección, promoción e integración de las personas migrantes y refugiadas», afirma Rufino García Antón, delegado de Migraciones de la diócesis de Madrid. Explica que el impulso definitivo a esta red vino de la mano de la nota que los tres obispos madrileños publicaron hace unos meses «en la que ponían el dedo en la llaga sobre algunas situaciones sangrantes» que viven estas personas. Sin suplantar lo que hace cada delegación, la plataforma tendrá como objetivo principal «compartir y tener un cauce común que ofrezca respuestas»; sensibilizar a los ciudadanos de toda la Comunidad de Madrid sobre «la importancia de ser una Iglesia que acoge y es hospitalaria» y «coordinar esfuerzos» con entidades civiles para cumplir la petición del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados.

B. A.

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